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Permiten la utilización de armas de descarga eléctrica por parte de la fuerza de seguridad local
9 abril 2015 por Ed. Microjuris.com Argentina Dejar un comentario

electroshock-para-defensa-personal-arma-no-letal1371061073Partes: Pisoni Carlos c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 6-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-91544-AR | MJJ91544 | MJJ91544

Rechazo del amparo interpuesto para impedir la utilización de armas de descarga eléctrica por parte de la fuerza de seguridad local, puesto que se funda en especulaciones y pronósticos futuros sobre la posible afectación a derechos constitucionales, que no alcanzan para configurar un ‘caso’.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda puesto que la preocupación acerca de los efectos letales que podría tener el arma de descarga eléctrica parte de presuponer un obrar ilegal futuro por parte del Gobierno local, -como ser su empleo sobre personas vulnerables , niños, ancianos, etc. o para cualquiera sean los supuestos en que su uso esté autorizado, porque sus efectos dependen de factores que el usuario del arma desconoce-; en definitiva, los fundamentos para el pedido de prohibición, dependen de una reglamentación del uso del arma que todavía no existe.

2.-El argumento de que el arma podría tener efectos letales no basta para generar una discusión judicial en torno a la validez de su uso pues la sola existencia de un protocolo que admitiera su uso exclusivamente en aquellos casos en que la utilización de la fuerza letal esté también autorizada (cf. el art. 28, inc. h , de la ley 2894) eliminaría la discusión en torno a la Taser propuesta por la parte actora; máxime siendo que en tal caso, la policía podría resolver un conflicto límite acudiendo al uso de un arma (la Taser) con un resultado equiparable al que obtendría con un arma de fuego, frenar un ataque mortal, pero con un efecto menos pernicioso.

3.-La pretensión de la parte actora a los fines de obtener la prohibición de uso por parte de las fuerzas de seguridad local de las armas de descarga eléctrica no constituye un caso por prematura, pues el análisis judicial en esta etapa no podría rendir frutos buenos, como no los ha rendido hasta este momento las medidas cautelares que impidieron males hipotéticos a costa de frustrar ventajosas aplicaciones reales; más aun siendo que una decisión judicial puede expedirse acerca de un conflicto entre un derecho y un uso ocurrido o programado efectivamente y hacerlo acerca de empleos puramente conjeturales no será sino invadir las atribuciones de los órganos políticos.

4.-No corresponde admitir la legitimación del actor toda vez que ninguno de los derechos en que ha fundado la acción, -derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad pública-, le acuerdan el derecho a cualquier ciudadano para cuestionar la validez de actos administrativos mediante los cuales se aprobó un Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición de las armas de descarga eléctrica.

5.-El actor no cuenta con legitimación para impugnar el acto administrativo en virtud del cual el Gobierno local decidió la adquisición de armas de descarga eléctrica puesto que una cosa es el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y otro, muy distinto, el de impugnar actos mediante los cuales una Administración decide adquirir determinado bien, cualquiera sea la conexión que ese bien tenga con la seguridad pública y las vidas de las personas que se pretende resguardar con su adquisición.

6.-La invocación de la seguridad pública no le acuerda al actor la legitimación que pretende para impugnar los actos administrativos a través de los cuales se acordó la adquisición de armas de descarga eléctrica puesto que el Legislador ha previsto que la participación ciudadana en materia de seguridad sea encauzada por el procedimiento que prevé la Ley 1689 , y tal procedimiento no ha sido tachado de inconstitucional por la parte actora.

7.-La legitimación para la protección de derechos e intereses de incidencia colectiva prevista con gran amplitud en el art. 14 de la CCBA no debe ser extendida por fuera de lo que el Constituyente contempló, puesto que ello serviría para colocar a un juez en posición de efectuar un control de los otros poderes en exceso de lo que la CCBA le atribuyó; por lo tanto, cabe concluir que el art. 14 de la CCBA no acuerda un derecho colectivo a impugnar actos administrativos mediante los cuales se aprobó un Pliego para adquirir bienes que serían destinados a la seguridad pública.

8.-Corresponde confirmar la sentencia que ordenó al Gobierno local a que se abstuviera de usar las armas de descarga eléctrica toda vez que los derechos y garantías que sostienen la pretensión del actor resultan constitucionalmente exigibles y en su efectivización está comprometido de modo relevante el Poder Judicial (de la disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).

9.-El actor posee legitimación en la contienda puesto que el art. 14 de la CCBA consagra una legitimación amplia que, -sin excluir supuestos-, se adecua al carácter y al propósito de la acción prevista, en tanto realiza el fin preventivo como el inhibitorio propios de la función jurisdiccional y que no se agota en su dimensión represiva (de la disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).

Fallo:

Buenos Aires, 06 de marzo de 2015

Vistos: los autos indicados en el epígrafe,

resulta:

1. El Carlos Pisoni interpuso acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) con el objeto de que se impida la utilización de las armas denominadas “no letales” Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, específicamente por parte de la Policía Metropolitana, por consistir las mismas un elemento de tortura. Como medida cautelar solicitó que se ordenara la suspensión de la utilización de tales armas que ya fueron adquiridas por el demandado para la Policía Metropolitana, hasta tanto se resuelva el fondo del amparo (fs. 1/23).

El GCBA contestó demanda y solicitó su rechazo (fs. 265/272). Cuestionó la legitimación del actor, la existencia de caso y el trámite de la acción por la vía del juicio de amparo. Señaló que no se plantean actos manifiestamente ilegítimos, y que el actor cuestionaba la oportunidad, mérito o conveniencia de una política pública que competía al Poder Ejecutivo fijar. Agregó que el RENAR considera que las pistolas Taser X26 son armas de uso civil “no letales”.

La jueza de grado hizo lugar a la demanda y ordenó al GCBA que se abstuviera de usar las armas Taser X26. También dejó sin efecto los actos administrativos que se hayan dictado a tales fines, tendientes a la adquisición de las mismas” (fs. 566/581 vuelta).

2. El GCBA interpuso recurso de apelación (fs. 582/595 vuelta), que fue contestado por el Sr. Pisoni a fs. 597/610.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario recibió una audiencia en la que las partes expusieron y mantuvieron sus posiciones (fs. 620/621). Además ordenaron (fs. 623 y vuelta) y produjeron (fs. 624/848) medidas para mejor proveer.

La sentencia de Cámara (fs.859/867) examinó los agravios referidos a la falta de legitimación del actor (punto 7), la aptitud de la vía del amparo (puntos 8 y 9), definió el marco normativo que consideró aplicable (punto 10) y revisó los cuestionamientos contra el fondo de la decisión (puntos 11 a 13), para concluir en el rechazo de la apelación del GCBA, con costas.

3. El GCBA planteó recurso de inconstitucionalidad (fs. 873/891 vuelta).

Afirmó que la sentencia de Cámara, al confirmar la de primera instancia en cuanto admitió encauzar por amparo la demanda planteada por quien carecía de “un interés legítimo, propio, personal y no conjetural”, afectaba el derecho de defensa en juicio de la Ciudad (art. 13, CCBA). También planteó que la decisión vulneraba competencias propias y exclusivas de la Administración en materia de seguridad pública (arts. 34, 104 incs. 11 y 12, 105 inc. 6, CCBA), y, con ello, el principio republicano de división de poderes (art. 1, CCBA). Agregó que el fallo era, igualmente, arbitrario.

El Sr. Pisoni dio respuesta al recurso (fs. 896/904) que fue concedido por decisión (adoptada por mayoría) de la Sala interviniente (fs. 912/913 vuelta). El auto de concesión señaló que de los términos de la sentencia recurrida resulta que, en lo sustancial, las cuestiones que fueron objeto de tratamiento y decisión en ella se refirieron al análisis del marco normativo vinculado con los derechos a la vida, la integridad física y la salud, ‘.protegidos tanto en la Constitución Nacional como en la de la Ciudad de Buenos Aires y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (vrg.: Declaración Americana de los Derechos del Hombre -art. 1° y 11-, Declaración Universal de Derechos Humanos -art 3°-, Convención Americana sobre Derechos Humanos -arts- 4° y 5°-, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -arts. 12- y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 6°-). (v. considerando 10 de La sentencia de fs.859/867).// Así, el análisis del alcance de lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, realizado por el tribunal a la luz de las garantías constitucionales citadas (v. fs. 866 vta./867) y la afectación de una decisión política adoptada por la Administración en ejercicio de sus facultades, tornaría -en principio- procedente el remedio intentado” (fs. 912 vuelta, punto 6).

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